Primavera Latinoamericana

Plantilla:Actualidad La crisis latinoamericana de 2014-presente, también llamadas como primavera latinoamericana o primavera latina, es una serie de protestas, revueltas, rebeliones, casos judiciales y crisis políticas que comenzaron a mediados de la década de 2010 en toda América Latina.

Desde al menos 2015, los movimientos de protesta contra la corrupción política han seguido siendo populares en toda la región. La serie de protestas ocurrió en dos oleadas; La primera ola en 2015 fueron principalmente manifestaciones contra el establecimiento, mientras que la segunda ola que comenzó en 2018 estuvo más dirigida contra instituciones o individuos.

Las crisis en la región ocurrieron después del final del auge de los productos básicos de la década de 2000, con una recesión y un crecimiento lento durante la década de 2010. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha se enfrentaron a una clase media recientemente producida por el auge económico que se volvió muy sensible como resultado de años de corrupción, dificultades económicas y una creciente desigualdad social.

Fondo

Marea rosa y el boom de las materias primas

La tercera ola de democratización en la década de 1980 permitió que los partidos de centroizquierda y socialdemócratas se volvieran viables electoralmente, y Estados Unidos redujo su oposición a dichos partidos luego de la disolución de la Unión Soviética. En la década de 1990, las políticas neoliberales resultaron en menos gasto social, desempleo, inflación y desigualdad. A partir de la década de 2000, los latinoamericanos se alejaron de las políticas neoliberales y los líderes izquierdistas elegidos, que recientemente habían recurrido a procesos más democráticos en lugar de acciones armadas.

Los líderes de izquierda fueron elegidos en toda la región en un movimiento descrito como la "marea rosa", y sus gobiernos confiaron en el auge de los productos básicos de la década de 2000 para iniciar políticas populistas de apoyo. La República Popular China, que experimentaba una economía en crecimiento simultáneamente con América Latina, aprovechó las tensas relaciones entre los Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos de izquierda, asociándose con los últimos. América del Sur inicialmente de forma particular vivió una reducción en la desigualdad y un crecimiento en su economía como resultado del comercio de productos chinos. Según Daniel Lansberg, tales políticas dieron lugar a «altas expectativas públicas con respecto al continuo crecimiento económico, subsidios y servicios sociales».

Fin del boom y ola conservadora

Los precios de los productos básicos bajaron en la década de 2010 y el gasto excesivo por parte de los gobiernos de la marea rosa condujo a políticas insostenibles, con partidarios que se desencantaron, lo que finalmente condujo al rechazo de los gobiernos de izquierda. A mediados de la década de 2010, la inversión china en América Latina también había comenzado a disminuir. Los analistas afirman que tales políticas insostenibles fueron más evidentes en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, que recibieron fondos chinos sin ningún tipo de supervisión. El Fondo Monetario Internacional declaró que entre 2009 y 2019, la deuda nacional en América del Sur aumentó del 51,2% al 78,1%.

El final del boom dejó a los gobiernos regionales con una decisión difícil; apoyándose en posibles inversores y prestamistas que piden medidas de austeridad o la población que rechazó dicha austeridad, argumentando que no mejoró las preocupaciones sociales y de desigualdad. Como resultado, algunos académicos han declarado que el aumento y la caída de los gobiernos socialistas democráticos y socialdemócratas, paralelo a la subida de gobiernos conservadores o de centroderecha fueron:

...un subproducto de la aceleración y decadencia del ciclo de los productos básicos.

Desarrollo

Primera ola: protestas incipientes

2014

Como resultado del fin del auge de las materias primas, las políticas económicas insostenibles del fallecido presidente socialista Hugo Chávez dejaron en crisis a la economía de Venezuela. Los problemas con la corrupción y el crimen en la Venezuela bolivariana también habían llevado a un mayor descontento entre la población venezolana. El 12 de febrero de 2014, se iniciaron las protestas contra el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. El movimiento de oposición se desarrolló rápidamente y se comparó con la Primavera Árabe de 2010-2012. El International Business Times escribió «Para muchos analistas y activistas internacionales, la coincidencia más cercana a la que atraviesa Venezuela ocurrió hace tres años y a un continente de distancia: la Primavera Árabe», Agence France-Presse escribió que las protestas «evocaron algunas escenas». de la «primavera árabe» e incluso el presidente Maduro declaró que «están tratando de vender al mundo la idea de que las protestas son una especie de primavera árabe», alegando que sus oponentes formularon una conspiración antichavista. El movimiento de protesta se ha mantenido constante contra Maduro desde 2014 por diferentes facciones muy diversas.

2015

Este nuevo énfasis en el estado de derecho es un cambio importante para un continente donde las élites han disfrutado durante mucho tiempo de la impunidad. Refleja un deseo creciente entre los ciudadanos latinoamericanos de estados modernos que reconozcan los límites del poder y respeten también los controles y equilibrios constitucionales. ... La repulsión popular con la corrupción, amplificada por las redes sociales, está tan extendida que algunos incluso hablan de una «primavera latinoamericana» —Financial Times, 29 de diciembre de 2015.

En Guatemala, en el marco del caso La Línea, las acusaciones contra el expresidente Otto Pérez Molina de estar involucrado en actos corruptos relacionados con aduanas y contrabando en abril de 2015 dio inició a una crisis social que desembocaron en protestas posteriores en el país que llevaron a la renuncia y arresto de Pérez Molina. Las protestas contra la corrupción comenzaron a intensificarse en los países vecinos de Guatemala, con decenas de miles comenzando protestas en Nicaragua, resultando en El Mundo escribiendo que «[l] a primavera americana ha triunfado en Guatemala con la renuncia de su presidente, pero esta revolución acaba de comenzar y promete afianzarse en los países vecinos», dicho diario español utilizó el término "americana" en vez de "latinoamericana".

Por otro lado en América del Sur, Ecuador había visto años de aumento de fondos durante el auge de los productos básicos, pero para 2015, el país vio caer sus ingresos petroleros en un 50%. Las protestas ecuatorianas comenzaron en junio de 2015 luego de la introducción de medidas de austeridad y propuestas de impuestos a la herencia por parte del presidente Rafael Correa. Cientos de miles de manifestantes participaron en las manifestaciones en los siguientes meses. Debido a la creciente desaprobación de Correa, este aprobó una enmienda constitucional para eliminar los límites del mandato presidencial y se retiró de las elecciones generales ecuatorianas de 2017, y los analistas sugirieron que Correa intentaría alcanzar la presidencia en una fecha posterior cuando la crisis se terminara. Las protestas se intensificaron más tarde en el año después de que se eliminaron los límites del mandato, con los límites del mandato presidencial que finalmente fueron restablecidos posterior al referéndum constitucional y consulta popular de 2018.

A finales de 2015, algunos analistas políticos ya describían la aparición de una «primavera latinoamericana». En septiembre de 2015, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson describió un escenario con posibles movilizaciones de democratización en América Latina, indicando en ese momento que:

...las expectativas crecientes de las clases medias en aumento generan impaciencia, insatisfacción e incapacidad de los ciudadanos para identificarse con la política. La «Primavera latinoamericana» gana impulso a medida que millones salen a las calles, aprovechando las nuevas tecnologías para organizarse.

El Financial Times, describiendo sobre la corrupción y el estado de derecho en América Latina, escribió en diciembre de 2015 el problema de las élites y la incipiente molestia de los ciudadanos con sus gobernantes que trabajan para dichas élites.

En 2019, Americas Quarterly escribió que «desde 2015, han surgido protestas anticorrupción en casi todas partes de la región, convirtiendo a la policía y los líderes judiciales en celebridades nacionales. Y no hay señales de que la presión social se esté agotando».

2016

El escándalo de Odebrecht resultó en ramificaciones generalizadas para América Latina, con protestas anticorrupción que cobraron impulso en la región durante las investigaciones. La insatisfacción con los gobiernos relacionados con el escándalo de Odebrecht se tornaron generales en 2016, y más latinoamericanos se desilusionaron con la democracia en ese momento, especialmente en los países más afectados por el escándalo.

Millones de manifestantes se movilizaron en Brasil tras el escándalo, y muchos brasileños encuestados por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina en ese momento creían que la mayoría de los políticos en el país estaban involucrados en la corrupción. La presidenta Dilma Rousseff fue objeto de una un proceso de destitución de su cargo por estar implicadas en los casos de corrupción en la Operación Lavajato.

Luego de tales manifestaciones, el empresario y diplomático colombiano Luis Alberto Moreno escribió en un artículo titulado ¿Una primavera latinoamericana? que «en toda América Latina los ciudadanos están tomando las calles para decir lo suficiente a la corrupción... las manifestaciones ahora involucran a un amplio espectro de la sociedad que incluye, principalmente, la clase media emergente de la región», con tal presión popular que comienza a conducir a la condena y el arresto de muchos políticos en la región.

Segunda ola: protestas enfocadas

2017

Las protestas comenzaron en enero de 2017 en Venezuela después del arresto de múltiples líderes de la oposición y la cancelación del diálogo entre esta última y el gobierno de Nicolás Maduro. A medida que la tensión continuó, la crisis institucional de Venezuela de 2017 inició a fines de marzo cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el oficialismo chavista disolvió la Asamblea Nacional liderada por la oposición, y la intensidad de las protestas aumentó enormemente en toda Venezuela después de la decisión. En abril, las protestas se convirtieron «en las más combativas desde una ola de disturbios en 2014» como resultado de la crisis, con cientos de miles de venezolanos protestando diariamente durante todo el mes y hasta mayo. Después de no poder evitar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de julio, la oposición y las protestas en gran medida perdieron impulso.

También en 2017, el ex presidente peruano de centroizquierda Ollanta Humala y su esposa y ex primera dama Nadine Heredia fueron arrestados después de estar involucrados en la Caso Odebrecht, que a su vez se daba de forma paralela ante una incipiente crisis política entre los tres poderes del Estado en donde el ejecutivo, legislativo y judicial se acusaban mutuamente de estar implicados en el Caso Autolavado. Los efectos del escándalo de Odebrecht afectaron al presidente de derecha tecnocrática Pedro Pablo Kuczynski, del cual su gobierno ya se encontraba con una popularidad débil ante la huelga magisterial entre junio y julio por parte de maestros del sector público, manifestaciones del grupo conservador de derecha radical Con mis hijos no te metas y casos de corrupción, el presidente peruano fue involucrado en un proceso de vacancia presidencial a finales de diciembre después de ser acusado de aceptar sobornos de Odebrecht, dicho juicio político no logró remover a Kuczynski de la presidencia, este último pudo fracturar al fujimorismo al negociar con un sector determinado de Kenji Fujimori (hermano menor de Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular que tenía mayoría en el poder legislativo) el indulto humanitario del ex presidente Alberto Fujimori en la nochebuena del 24 de diciembre, Fujimori estaba en prisión por casos de corrupción y crímenes contra la humanidad durante su gobierno de finales del siglo XX.

2018

A mediados de marzo Kuczynski se vio obligado a renunciar por la presión social continua y ante un segundo proceso de vacancia presidencial en su contra. El entonces primer vicepresidente ahora ya como presidente por transición constitucional, Martín Vizcarra, exigió al Congreso de la República dominado en su mayoría por la oposición fujimorista a aprobar un referéndum con medidas anticorrupción en medio de manifestaciones contra la corrupción política. El referéndum para la reforma de la Constitución de 2018 finalmente ocurriría, con Transparencia Internacional elogiando los resultados, declarando que «Esta es una oportunidad muy importante, que es diferente a las oportunidades anteriores porque, en parte, el presidente parece genuinamente comprometido». El 17 de noviembre de 2018 se emitió una orden de arresto para el ex presidente Alan García, el expresidente de centroizquierda en diciembre pidió refugió a la embajada de Uruguay en el Perú, el gobierno uruguayo no aceptó dicho pedido. El 31 de diciembre el fiscal supremo de la Nación Pedro Chávarry removió a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba encargados del caso de la política fujimorista Keiko Fujimori y ex presidente de centroizquierda Alan García, ese mismo día se originó toda una carga mediática por parte del Gobierno liderado por el presidente Vizcarra​ —incluido tanto sectores de la oposición y de la derecha e izquierda política​— en contra de esa decisión y contra la propia figura del Fiscal, exigiendo su renuncia.

Nicaragua tuvo grandes protestas en 2018 contra las políticas del presidente sandinista Daniel Ortega. Cientos de personas murieron en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

2019

Los Andes afrontan momentos de zozobra. Al menos tres países atraviesan una etapa delicada. La disolución del Congreso de Perú, las fuertes protestas desencadenadas por el alza de los precios de la gasolina en Ecuador, que el jueves declaró el estado de excepción, o las inminentes elecciones presidenciales en Bolivia ponen el foco en una región acostumbrada a las crisis políticas. Las razones de las turbulencias, y su intensidad, son distintas. Sin embargo, el cóctel de corrupción, el hartazgo social y la polarización exacerbada entre Gobiernos y oposición multiplican la tensión de Quito a La Paz. —El País, 5 de octubre de 2019.

En Venezuela se desarrollaron protestas a favor y en contra, de la proclamación del socialdemócrata Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela en desconocimiento de Nicolás Maduro siendo su punto más alto el levantamiento cívico militar del 30 de abril por parte de opositores, el cual no logró conseguir destituir a Maduro dichas manifestaciones se dieron posterior a la intentona de ingresar ayuda humanitaria al país ese mismo año.

En lo que respecta al Perú, la decisión del fiscal supremo originó una oleada de protestas por parte del movimiento antifujimorista, dando como consecuencia la decisión de Chávarry de anular su orden. El 17 de abril siguiendo el caso García, el fiscal José Domingo Pérez emitió una nueva orden de detención contra el expresidente, ese mismo día Alan García decidió quitarse la vida en el dormitorio de su vivienda al dispararse en la cabeza ante la presencia policial. El 28 de julio Martín Vizcarra planteo una cuestión de confianza sobre los puntos aprobados en el referéndum de 2018. El 25 de julio de 2019 quedaron todas aprobadas, aunque dos de ellas, por ser de carácter constitucional, quedaron pendientes de su aprobación final para una segunda legislatura. El 28 de ese mismo mes Vizcarra propuso el adelanto de las elecciones generales de 2021 para el 2020, dicha propuesta no prosperó. A los pocos días, el Congreso tenía programada la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional; sin embargo, el Ejecutivo anunció que presentaría una nueva cuestión de confianza para modificar la Ley Orgánica del Tribunal, en lo referido al mecanismo de elección de dichos magistrados, a fin de garantizar su transparencia, y poder aplicarlo para la elección en curso. En la mañana de 30 de septiembre de 2019, el Congreso decidió continuar con la elección de los tribunos, eligiendo al primer magistrado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea y pospuso para la tarde del mismo día el debate de la cuestión de confianza. Mientras culminaba el debate y se aprobaba la cuestión de confianza, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, anunciando que disolvía el Congreso al considerar que se le había denegado de la confianza de manera fáctica al haber continuado con la elección de un magistrado. El congreso ya disuelto juramento a la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta transitoria, dicho intento no llegó a concretarse pues Aráoz renunció a su cargo un día posterior a su proclamación como presidenta. Dicha decisión fue oficial el 1 de octubre y se llamó a realizar elecciones congresales extraordinarias para el 26 de enero de 2020.

El 2 de octubre en Ecuador estallaron protestas desde la amazonia ecuatoriana por las reformas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Mientras sucedieron las protestas, con intervención de la policía, en el país se suscitaron actos delictivos, similares a los acontecidos el 30 de septiembre de 2010, y con esa justificación, el gobierno declaró el estado de excepción. El 4 de octubre las marchas que se intensificaron en Quito mientras las fuerzas armadas comenzaban a resguardar la ciudad y el palacio de Carondelet, llegando en los últimos dos días al nivel de instaurase el toque de queda total sobre la capital. Finalmente el 13 de octubre el gobierno comunicó que llegó a un acuerdo con los manifestantes.

El 18 de octubre en Chile varios usuarios del Metro de Santiago originaron disturbios en diversas estaciones, ante el aumento de la tarifa del sistema público de transporte de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Con el paso de los días, el número de evasores aumentó y se registraron incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el día viernes 18 de octubre de 2019. El 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas y disturbios violentos a lo largo del país, por lo cual, en la madrugada del día sábado 19 de octubre el presidente de centroderecha Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago, y toque de queda a partir de la noche del sábado 19. La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya para el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales. Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida, bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución de ese país, heredada de la dictadura de derecha de Augusto Pinochet. En respuesta a las manifestaciones, el gobierno de Sebastián Piñera anunció una s.] Perie de medidas, denominada «Nueva Agenda Social», que incluye medidas relacionadas a las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública. De igual forma, ha promovido una agenda de seguridad que incluye proyectos antivandalismo y de reconstrucción. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre Gobierno y Congreso, y firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, acordó la convocatoria a un plebiscito nacional en abril de 2020 para definir si se redactará una nueva Constitución Política y qué mecanismo será utilizado.

El 20 de octubre en Bolivia a raíz de un presunto fraude electoral en las elecciones generales de 2019 en donde resultaba reelecto el presidente socialista Evo Morales. Partidarios de los dos candidatos con mayores posibilidades para acceder a la presidencia: Evo Morales y Carlos Mesa, se lanzaron a la calle. Sectores universitarios, miembros de la coalición electoral Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Mesa, y partidos de oposición reclamaron una revisión imparcial de los votos, y la dimisión de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Pidieron, asimismo, el respeto a la decisión popular manifestada por el Referéndum del 21 de febrero de 2016, donde 51.3 % de los participantes rechazaron que las autoridades sean reelectas dos veces de manera continua y una segunda vuelta electoral. Durante los días de recuento de votos continuaron las protestas y denuncias de fraude. El jueves 24 de octubre, la Unión Europea se sumó al pedido de la OEA, para que Bolivia celebre una segunda vuelta electoral, con el fin de «restablecer la confianza en el proceso electoral considerado escasamente transparente». El gobierno boliviano declaró ante la OEA que «las reglas de juego se habían cumplido», denunciando una falta de «ecuanimidad» al exigir una segunda vuelta sin haber realizado, previamente, las auditorías correspondientes, en esa misma línea acuso a la oposición de «subversión». El 10 de noviembre un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos recomendó nuevas elecciones. Poco después el presidente Evo Morales anunció la celebración de nuevas elecciones generales con un órgano electoral renovado, pero la oposición y comités cívicos como el de Santa Cruz de la Sierra liderado por Luis Fernando Camacho y el líder cívico de Potosí, Marco Pumari, respondieron que la única salida era su renuncia. Ese mismo día Morales renunció a su cargo para luego asilarse en México y posteriormente a Argentina. En su lugar entró como presidenta transitoria la senadora conservadora Jeanine Áñez, el inició de su gobierno estuvo marcado por medidas controvertidas, hasta que el 26 de noviembre se llegó a un acuerdo para celebrar nuevas elecciones generales en 2020, pero sin la participación de Evo Morales.

Creo que la situación en Chile, y todas estas protestas que se han visto en Sudamérica, claro que han influido en Colombia porque mostraron que en otros países hay la voluntad de manifestarse, de protestar, y se han visto los cambios que han provocado. Eso motiva y fortale ce para seguir manifestándose, como lo estamos viendo en Colombia —Ciro Alejandro Ramírez, 25 de noviembre de 2019.

El 21 de noviembre en Colombia se dio inició a un «Paro Nacional» ante el descontento generalizado de las políticas del presidente de centroderecha Iván Duque, que heredó una crisis del sistema de justicia por casos de corrupción política. El gobierno colombiano dio orden de cerrar los ingresos fronterizos para el 21 de noviembre desde la medianoche, esto incluyó pasos terrestres con Ecuador y Venezuela, así como fluviales con Brasil y Perú, un total de 12 puestos, la medida estuvo vigente hasta las 5:00 P.M. (hora colombiana) del día siguiente 22 de noviembre. El argumento es para «garantizar la total normalidad» en todo el país. La manifestación, convocada principalmente mediante las redes sociales, inició aproximadamente a las 7:30 p.m. en 8 localidades de Bogotá y se extendió a otras regiones del país. Para las 8:30 PM, se emitían reportes de más cacerolazos en ciudades como Soacha, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Tunja, entre otras. El sistema de transporte masivo de Bogotá y Soacha, TransMilenio, resultó altamente afectado y con serios daños en la infraestructura de la mayor parte de sus estaciones (alrededor de 138), lo cual ocasionó que algunas de estas fueran cerradas y no se prestará el servicio hasta que los daños fueran solucionados. Se estiman los daños en más de 40.000 millones de pesos, y miles de usuarios afectados por meses. TransMilenio moviliza 2.560.000 pasajeros diarios. En la actualidad, algunas de las estaciones aún se encuentran inoperables. El 25 de noviembre, el senador Ciro Alejandro Ramírez expresó que las protestas en Colombia tienen influencia de las protestas en Chile.

Características

Según Brian Winter, vicepresidente de políticas del Consejo de las Américas, las principales características del movimiento son la insatisfacción económica que sigue al auge de los productos básicos y la dependencia del poderío militar, además dice que los latinoamericanos perciben que la política de los hombres fuertes conduce al cambio. El Dr. Lupu, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, estuvo de acuerdo en que a medida que aumentaban los problemas socioeconómicos y de corrupción en América Latina, los ciudadanos se vuelven hacia los hombres fuertes y se distanciaron del apoyo a la democracia. Winter expresó su preocupación con su evaluación de América Latina en 2019, afirmando:

Mi temor es que hayamos regresado a los días de batalla de golpes de estado, protestas e inestabilidad ...Creo que todas estas cosas juegan un papel y el para llevar podría ser que estamos volviendo a un período ...donde los levantamientos y los golpes de estado y los disturbios civiles eran la regla del día.

Véase también

• Primavera Árabe (2018-presente)