Fernando García Sais

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Fernando García Sais

HISTORIA

Fernando García Sais nació en Mazatlán el 1ro de abril de 1975, en el seno de una familia decente y sencilla.  Hijo de María del Socorro Sais Castelló y del Médico Cardiólogo José Manuel García Habif.

Sus abuelos maternos, Ignacio Sais y Doña Carmen Castelló de la Peña, fueron hijos de relevantes porfiristas sinaloenses. Su bisabuelo José C. Castelló instaló y operó uno de los primeros bancos de Sinaloa y el primero en Mazatlán y su abuelo paterno Don José Joaquín García Blengio,fue abogado egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y a la postre agente del ministerio público y juez en el puerto de Mazatlán.

HISTORIAL ACADÉMICO

Estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM (Ciudad de México) de 1996 a 2000.

En marzo de 2001 se tituló con la tesis “La declaración general de inconstitucionalidad en el amparo contra leyes”. Recibió la máxima distinción académica que otorga el ITAM: mención honorífica (summa cum laude).

En el 2002, junto con su ahora esposa, María del Carmen Hernández Herrera, se fueron a vivir a Barcelona, España, donde estudió el Doctorado en Derecho Patrimonial,en la Universidad Pompeu Fabra.

Estando allá trabajó en la investigación sobre insolvencias transfronterizas y desarrolló, lo que en el 2005 publicara con “Derecho Concursal Mexicano”, editado por Porrúa, con un exordio del doctor Luis Manuel Camp Mejan Carrer, a quien conoció por recomendación del ministro Cossío, y quien en ese entonces era director general del IFECOM (Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, del Poder Judicial de la Federación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cuenta con una gran experiencia el sector privado, al haber trabajado en los despachos más importantes y de prestigio en la CDMX. Fue abogado asociado en Von Wobeser y Sierra, S.C., a cargo del área de inversiones extranjeras y con participación en derecho corporativo y administrativo (2000-2002).

En Martínez, Algaba, Estrella, De Haro y Galván-Duque, S.C., fui abogado senior en temas de derecho financiero.

En el Sector Público ha trabajado para los tres poderes federales, en distintas facetas y actividades:

  • Poder Judicial de la Federación trabajó como oficial judicial en la ponencia del magistrado Jean Claude Tron Petit
  • Poder Legislativo Federal, fungió como abogado litigante para la defensa de los intereses del Congreso de la Unión en algunos juicios federales
  • Poder Ejecutivo, participó en la PROFECO (2004-2007); en la Secretaría de Hacienda (2008-2009)
  • Servicio de Administración Tributaria (2009-2012) y en la Presidencia de la República (2013-2015)


PUBLICACIONES

Gran parte de su tiempo libre se lo he dedicado a la investigación jurídica y a la producción de literatura sobre los temas que han sido su pasión: el funcionamiento de los mercados. Estas son sus publicaciones:

  • Derecho Concursal Mexicano, Editorial Porrúa, 2005
  • Derecho de los Consumidores a la Información. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, Editorial Porrúa-ITAM, 2007
  • Jurisprudencia del consumidor. Editorial Tirant Lo Blanch- ITAM, 2012
  • Las acciones colectivas en el Derecho Mexicano. Obra colectiva. Editorial Tirant Lo Blanch, 2014
  • Estado, mercado y derecho. Editorial Tirant Lo Blanch, 2014


Además cuenta con artículos académicos publicados en las revistas especializadas más respetadas de México, como:

  • El Mundo del Abogado
  • Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
  • Revista de Negocios del ITAM, la Revista del Instituto de la Judicatura Federal
  • Revista de la Universidad Veracruzana, por mencionar las más representativas


APORTACIONES IMPORTANTES AL DERECHO MEXICANO

En el periodo comprendido entre 2007 y 2010, formó parte del grupo académico que redactó la reforma constitucional en materia de acciones colectivas y acceso a la justicia, que culminó con la adición del párrafo quinto al artículo 17 constitucional en 2010. Asimismo, participó activamente en la redacción de las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles para ajustarlo al mandado constitucional en materia de acceso colectivo a la justicia, lo que aconteció con la reforma de 2011.


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