Juicio político y legal a Nicolás Maduro

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El día 23 de octubre de 2016, en la Asamblea Nacional, comenzó una discusión que sería para discutir el Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela[1], que a juicio del parlamento de mayoría opositora habría incurrido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral y principalmente el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, acusándolos de haber incurrido en desobediencia a la constitución al haber suspendido el Referéndum Revocatorio por decisión del Consejo Nacional Electoral acatando las sentencias de tribunales de los estados Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure, por presuntamente haber incurrido en fraude, en el acuerdo se acordó iniciar el procedimiento de Juicio Político y Legal al Presidente de la República, designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral tres de ellos por omisión legislativa en el año 2014 y los dos restantes por el vencimiento de su periodo, así como también designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar el derecho a los venezolanos de elegir, así como el respeto a los poderes y el respeto al estado de derecho. Fue entonces que el 25 de octubre de 2016, se inició el Juicio Político y Legal al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acusándolo de diferentes crímenes políticos y penales.

Base constitucional

El Juicio Político está fundamentado en dos artículos de la Constitución de 1999.

Artículo 222: La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Según la Asamblea Nacional, el ejecutivo está incumpliendo abiertamente la constitución, por lo que la misma investida de autoridad tiene la potestad para restablecerla.

Acusaciones

La Asamblea Nacional lo acusa de haber gobernado en un estado de excepción con sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia, sin aprobación de la Asamblea Nacional[2]; dicho estado se ha prolongado más de lo establecido en la constitución[2]; se ha facultado a si mismo para aprobar contratos de interés público con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el artículo 150 de la constitución[2]; que el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una exacerbada concentración de poderes y a un gobierno por decreto que lesiona severamente la Democracia y favorece la corrupción[2]; que en el marco del estado de excepción que rige ha omitido la presentación del Presupuesto Anual a la Asamblea Nacional y ha acudido a la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia que a juicio del parlamento esta a su disposición[2]; que no ha cesado e incluso se ha acrecentado la persecución política de la cual el Presidente de la República es corresponsable[2]; que el Presidente de la República, valiéndose de los poderes ilimitados que ha conquistado a costa de la Constitución, ha acudido sistemáticamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con criterios políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país, gracias a la generación de transparencia en el manejo de las finanzas públicas, la facilitación de la cooperación internacional para la superación de la crisis humanitaria, la ampliación de los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas y otras medidas benéficas para la población y la institucionalidad, que en medio de estas graves violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos, propugnadas por el Presidente de la República[2]; que ha agudizado la crisis económica y humanitaria que aqueja al país en todos los órdenes[2]; que en materia cambiaria la depreciación de la moneda, desde enero 2016 al 19 de julio de 2016, es de un 212.8%, es decir, que la tasa de cambio para el mes de enero se ubicaba en Bs. 199.5 por dólar, y para el mes de julio se ubicó en Bs. 642.2 por dólar, según el SIMADI (DICOM), siendo mayor esta devaluación en el dólar paralelo[2], que el índice de inflación durante el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, según cifras del Banco Central de Venezuela, entre los años 2013 y el 2015, en el rubro de los alimentos, se incrementó en un 1.259 %, y en materia de salud, en 253%, para una inflación acumulada de 585%, y que en el año 2016 se proyecta una inflación superior al 700 %[2] y en materia social, la canasta alimentaria familiar para el mes de enero de 2016 se ubicaba en Bs. 106.752,72, y para el mes de septiembre se encontraba en Bs. 405.452,00, observándose un incremento anualizado de al menos 680%, lo cual se traduce en que se necesitan más de 18 salarios mínimos para cubrir la canasta por cada familia venezolana.[2]

Acuerdos

La Asamblea Nacional acordó iniciar el procedimiento de declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República, y a estos efectos se resuelve citarlo para que comparezca al Hemiciclo de Sesiones el día 1 de noviembre de 2016, a las 3:00 pm., a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la Democracia ya señaladas, y por haber consolidado un modelo político-económico y social que por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y, en particular, una enorme inflación y el estrangulamiento de la producción nacional, así como el desabastecimiento en el rubro de los alimentos y medicamentos e insumos médicos.[2]; declararse en Sesión Permanente de consulta popular, por medio de la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República, de acuerdo con los artículos 187, numeral 4, de la Constitución y 127 y 128 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.[2]; Encomendar a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario designada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2016 evaluar la posibilidad de que esta Asamblea Nacional declare el abandono del cargo por el Presidente de la República, considerando la consulta popular antes mencionada[2]; Ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, pues la inobservancia de esta se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la institucionalidad en sentido clásico, sino también cuando el Presidente de la República hace uso de su autoridad civil y militar para socavar la Constitución.[2] Y Ratificar su decisión de acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y venezolanas, en cuya comisión el Presidente de la República ha tenido papel protagónico.[2]

Reacciones

La reacción de la discusión del Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela en la Asamblea Nacional, fue impactante, ya que cuando se realizaba la sesión, personas afectas al oficialismo irrumpierón de forma violenta en la Asamblea Nacional, quienes poco después se retiraron,[3] causando daños materiales y dos heridos.[4] El 26 de octubre de 2016 El diputado a la Asamblea Nacional, Elias Jaua expreso “No existe la figura del juicio político en Venezuela, por ello no es posible que la Asamblea (con mayoría opositora) destituya al Presidente. La única manera de lograr la separación del cargo es que el mandatario cometa un delito tipificado en el Código Penal”,[5] el día siguiente Julio Lattan, abogado constitucionalista, detalló que la figura del juicio político contra los Jefes de Estados, es un modelo que han adoptados algunos países de Latinoamérica de Estados Unidos, pero en la Constitución de Venezuela, no está contemplado ese modelo,[6] ese mismo día el jefe de la fracción parlamentaria por el GPP, Héctor Rodríguez, interpuso un documento ante la Sala Constitucional del TSJ, para que declarase la nulidad del juicio político contra el presidente Nicolás Maduro argumentando que la figura del juicio político en Venezuela no puede ser aplicada, porque la misma no existe en la constitución, en vista que se está en presencia de un estado presidencialista,[7] asimismo el Presidente, Nicolás Maduro, expreso el 28 de octubre de 2016, "Yo no me voy a quedar cruzado de brazos ante ese golpe de Estado, más temprano que tarde les llegará la Justicia, que les quede claro a los golpistas"[8].

Aplazamiento y posible suspensión de responsabilidad política.

Para el 1 de noviembre de 2016, estaba previsto que el Presidente, Nicolás Maduro, compareciera sobre las acusaciones que le imputaban, sin embargo el 30 de octubre de 2016, se dio inicio a un proceso de dialogo nacional entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, así que se decidió aplazar "hasta nuevo aviso", este proceso, en tal forma que si para el 11 de noviembre de 2016, no se acordaba los puntos que exigé la MUD, (Nuevo CNE, Nuevo TSJ, convocatoria a Elecciones Generales adelantadas para 2017, Liberación de los presos políticos y respeto a la Asamblea Nacional), se continuaría el proceso de Juicio Político.[9]

El aplazamiento genero reacciones inmediatas, El jefe de la bancada oficialista, Hector Rodríguez, señalo que el Juicio era ilegal y no estaba en la constitución[9], días después el Presidente de la República expreso, que no era suficiente el aplazamiento, si no que se debía suspenderlo definitivamente,[10] también el 4 de noviembre de 2016, el abogado constitucionalista, Hermánn Escarrá, expreso que no hay forma que la Asamblea Nacional pueda plantear el abandono del cargo del Presidente ya que considerá que Maduro se ha dedicado a tiempo completo a gobernar, asimismo dijo que el Juicio Político lo puede llevar a cabo solo el TSJ[11], mientras que por parte del sector opositor el Coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara aclaró que no estaba de acuerdo con que se aplazará y que esperaba que no fuera eterno.[12]

Véase también

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