Detención de Milagro Sala

«Milagro libre». Pintada de militantes pidiendo la libertad de Milagro Sala en la Marcha Anual por los Derechos Humanos, en Buenos Aires, el 24 de marzo de 2016.

La detención de Milagro Sala tiene lugar desde el 16 de enero de 2016, día en que fue arrestada, en Jujuy, Argentina. Sala es una dirigente política, social e indígena, y parlamentaria del Mercosur. A diciembre de 2016, continúa encarcelada en una prisión para mujeres. Numerosas personalidades y organizaciones, tanto en el orden nacional como internacional, consideran que su detención se debe a cuestiones políticas.

Antecedentes

En diciembre de 2015, el senador Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia de Jujuy, y afirmó que discontinuaría todas las cooperativas de trabajo de su provincia. La organización Túpac Amaru, perjudicada por la medida, realizó un acampe en la plaza central de la capital jujeña en reclamo contra el gobernador. El 15 de enero de 2016, Morales le quitó a la organización su personería jurídica y le cerró sus cuentas bancarias con el argumento de que «cambiaron su objeto social».

Una de las primeras medidas tomadas por Morales fue ampliar de cinco a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Jujuy, colocando en ella a legisladores de su mismo partido, y que le respondían políticamente, además de ubicar a parientes de funcionarios en puestos clave del poder judicial. Estas medidas han sido calificadas como maniobras de Morales para controlar la justicia provincial y tener una corte «adicta», o una «justicia a su medida». El Ministerio Público Fiscal quedó a cargo de otro radical. Según una denuncia judicial, la designación de esos miembros del Supremo Tribunal le sirvió para intervenir en el Poder Judicial jujeño y encarcelar a la dirigente social y Parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. También ha sido acusado de utilizar jueces afines para amedrentar políticos opositores y suspenderle la matrícula a abogados que denunciaron la ampliación del tribunal de justicia. Organizaciones sociales lo han denunciado por amenazas de muerte continuas y de tener punteros que se sostienen con agresiones físicas, «que ya generaron lesiones de armas blancas y por golpizas en patota».

Detención

El sábado 16 de enero de 2016, personal sin identificación de la policía provincial allanó la casa de Milagro Sala, quien fue detenida sin la presencia de ningún funcionario judicial, aunque sí de funcionarios del Gobierno provincial. La acusación inicial contra Sala, por la que fue detenida, era por «haberse alzado en contra de decisiones gubernamentales». Luego, el fiscal de la causa expresó que Sala estará detenida «mientras se mantenga el acampe». Milagro Sala comenzó una huelga de hambre.

El juez a cargo de la causa por la que Milagro Sala está detenida desmintió que ella registre otras denuncias. En la noche del miércoles 20 de enero de 2016, a pesar de estar imputada por delitos excarcelables, el mismo juez decidió su traslado a una cárcel de mujeres.

Acusación por presunta asociación ilícita

El 18 de enero, el Gobierno jujeño la acusó de liderar una organización constituida por cooperativas que se habría apropiado de $ 1 634 444,21 que iban a utilizarse para obras que no fueron ejecutadas. Los fiscales del Estado acusaron a Sala de un «proceder plenamente intencional tendiente a apoderarse de dichos fondos y desviarlos.» Sala fue acusada de «asociación ilícita agravada» y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública, ya que habría un daño directo al apropiarse de fondos.

El 29 de enero de 2016, el juez firmó la excarcelación por la causa por la que había sido detenida, pero determinó que seguiría detenida por las acusaciones posteriores a su detención.

El 2 de febrero se levantó el acampe de protesta que supuestamente había dado origen a la detención de Milagro Sala, acción que se interpretaba «como un gesto tendiente a establecer un canal de diálogo con el Ejecutivo», sin que se produjeran cambios significativos en la situación.

Cuestionamientos contra la provincia de Jujuy

El 27 de enero de 2016, el diario Buenos Aires Herald publicó un resumen de los hechos sucedidos hasta ese momento, señalando la obediencia de los miembros del Poder Judicial provincial a las instrucciones del gobernador Morales, el aval y el respaldo del presidente Macri a «su aliado de Jujuy» y afirmando que se incrementa el número de personas e instituciones nacionales e internacionales que «ven en la detención de Sala un grave hecho que vulnera la democracia».

El 28 de febrero de 2016, el diario Página/12 realizó una lista de las ilegalidades que se encuentran en el expediente contra Milagro Sala. Entre otras irregularidades, señaló que:

1. Según el Código Procesal Penal, dado que Milagro Sala es legisladora del Parlasur, la investigación preparatoria debería haber estado en manos del juez, pero hasta la fecha de su segunda detención estuvo a cargo del fiscal.
2. Aunque la denuncia original presentada por el gobernador Morales era por «instigación a cometer delitos y sedición», la policía se dedicó a identificar individualmente a los acampantes y las cooperativas a las que pertenecían.
3. El gobernador Morales se reunió con dirigentes de algunas cooperativas y les anunció que a las organizaciones que participaran del acampe se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 000 pesos. Al día siguiente, cinco de estos dirigentes se presentaron ante la fiscal Liliana Fernández de Montiel y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron.
4. La fiscal afirmó haber tomado tres declaraciones y asistido a nueve denunciantes en menos de cuatro horas, en el mismo momento en que también estaba escribiendo el pedido de detención de la dirigente: una cantidad excesiva de trabajo para haberse hecho en tan poco tiempo.
5. El pedido de detención fue presentado un viernes poco antes de las diez de la noche, y aceptado antes del amanecer del día siguiente, sábado. El horario de presentación ―que excedía al que corresponde a los asuntos de feria, que debía ser de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30― no tuvo justificación, ya que la denuncia llevaba un mes, y los hechos denunciados habrían ocurrido entre los años 2012 y 2015. De acuerdo al Código Procesal Penal, ni siquiera se debería haber habilitado la feria judicial de enero para hechos que no eran recientes.
6. La razón del apuro de la fiscal era que ese mismo día, a la medianoche, terminaba el turno de feria de Fernández de Montiel; que, por otro lado, siguió actuando sin competencia alguna, ya que fuera del turno de feria es fiscal de Menores.
7. No se explicó por qué se designó como juez a cargo de la causa a Gastón Mercau, yerno de Fernández de Montiel. Ni tampoco por qué el juez siguió a cargo una vez vencida la licencia del juez original.
8. El hermano del gobernador y el fiscal del Estado presentaron nuevas denuncias contra Milagro Sala específicamente ante la fiscal Fernández de Montiel, a pesar de que su turno ya había terminado el 15 de enero. La denuncia fue hecha fuera de horario, pese a que los hechos denunciados eran de un año antes.
9. La denuncia más difundida fue que, de acuerdo a un convenio con el Gobierno de Cristina Kirchner, varias cooperativas ―entre ellas la Túpac Amaru― cobraron un anticipo por obras que a enero de 2016 no se habían iniciado. En el ínterin, Morales le había retirado la personería jurídica a la Túpac Amaru, de modo que nunca pudieron iniciarlas. En base a esas denuncias y a la autoincriminación de los dirigentes de otras cooperativas, el juez Mercau ordenó la prisión preventiva de Milagro Sala el mismo día en que había ordenado su libertad, sin que esta se hubiera hecho efectiva.
10. El juez Mercau debería haber sido reemplazado en este expediente el 1 de febrero «sin excepción de ninguna naturaleza», pero continuó a cargo de la causa.

Los fiscales de las causas justificaron la detención en supuestos indicios de que entorpecería el desarrollo de la causa. El jefe de los fiscales de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, ex apoderado de la Unión Cívica Radical de la provincia, afirmó que durante el allanamiento de varios inmuebles relacionados con la organización Túpac Amaru se secuestraron valijas en las que «había olor a dinero».Miranda, fiscal de la causa justificó la detención en supuestos indicios de que entorpecería su desarrollo. Días después Mariano Miranda, reconoció estar afiliado a la Unión Cívica Radical y ser apoderado a nivel nacional de Cambiemos.

Posteriormente, la diputada provincial Mabel Belconte, ex miembro de la Túpac Amaru, denunció que allegados a Milagro Sala retiraban el dinero del Banco Nación y lo llevaban a la vivienda de Milagro Sala; desde allí, según Belconte, el dinero habría sido transportado en valijas por avión hasta un departamento de la ciudad de Buenos Aires, desde donde, tras una reunión con el diputado Andrés Larroque, sería trasladado hasta la Quinta de Olivos, donde la habría recibido Máximo Kirchner. Según el secretario de la diputada, la acusación de Belconte habría sido producto de amenazas por parte del gobernador Morales. Días antes de hacer la denuncia, la diputada había cambiado de abogado defensor, nombrando para el cargo a Guillermo Puertas, quien posteriormente fue acusado de haberla forzado a hacer ese cambio y modificar su declaración indagatoria para acusar a Sala. El 6 de mayo de 2016, Belconte intentó suicidarse ingiriendo tranquilizantes.

Consideraciones y reclamos

Por considerar que se trataba de una detención arbitraria, el 17 de enero de 2016, Jorge Taiana (presidente del Parlasur) solicitó a la canciller Susana Malcorra que «en forma urgente le haga llegar información sobre la detención de la parlamentaria».

En la ciudad de Buenos Aires distintas agrupaciones políticas, dirigentes sindicales, referentes de Derechos Humanos, y vecinos se acercaron a la sede provincial ‎en rechazo de la detención de la dirigente y parlamentaria del Parlasur, y un grupo de diputados nacionales viajó a Jujuy con el objetivo de analizar la situación luego de la detención de Milagro Sala.

El exjuez de la Corte Suprema y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, calificó la detención como una «provocación de la dirigencia de Cambiemos». Jorge Capitanich (exgobernador de la provincia del Chaco y ex jefe de Gabinete de la Nación) y Agustín Rossi (exdiputado nacional y exministro de Defensa de la Nación), calificaron a Sala de «presa política». El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó el arresto como un «gravísimo precedente de criminalización de la protesta».

En tanto, la CTA nacional publicó un comunicado para exigir la «inmediata liberación» de Sala, cuya detención calificaron como un «hecho gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente» y un «claro acto de revanchismo» por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El 25 de febrero de 2016, el fiscal general de la Procuraduría de Violencia Institucional resolvió que efectivamente Milagro Sala está privada ilegalmente de su libertad y además «se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad».

El mismo día en que se ordenó la excarcelación y la nueva detención, el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, describió el hecho como «un escándalo institucional sin precedentes en los treinta y dos años de vida constitucional».

También en agosto, un grupo de académicos e investigadores de universidades públicas argentinas emitieron un comunicado reclamando «la inmediata liberación de la parlamentaria Milagro Sala y otros presos políticos alojados en la cárcel de Alto Comedero». Firmaron el comunicado, entre muchos otros académicos, los rectores de las universidades nacionales de la Patagonia San Juan Bosco, de Lanús, Arturo Jauretche, de La Rioja, de José C. Paz, de General Sarmiento, del Comahue, de Moreno, de la Patagonia Austral, de Misiones, de Avellaneda, de Entre Ríos, de Tierra del Fuego, de Villa María, de Quilmes, de Río Cuarto y de las Artes.

En el mes de diciembre, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, calificó a Sala como una presa política y anunció que pasará la Navidad junto a la dirigente, «dentro o fuera del penal.»

Comité por la Libertad de Milagro Sala

En el mes de mayo se conformó en Buenos Aires el Comité por la Libertad de Milagro Sala, al que posteriormente se unieron filiales locales en las provincias. El mismo se propone hacer campañas de difusión de las verdaderas motivaciones de la detención de Milagro y la situación de persecución política que viven los movimientos sociales en la provincia de Jujuy, denunciando la responsabilidad del gobernador Morales y del presidente Macri en foros nacionales e internacionales, y llevar adelante acciones callejeras como pintadas, murales y volanteadas.

Expresiones a nivel internacional

El 19 de enero de 2016, Amnistía Internacional afirmó que la detención era «un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión», exigió su inmediata liberación.

Amnistía Internacional lanzó una «acción urgente» llamando a activistas a escribirle al gobernador Morales, al fiscal del Estado Mariano Miranda y a la fiscal Liliana Fernández de Montiel. La Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó preocupación e interés por el arresto de Sala a través de su secretario general, Luis Almagro, que remarcó que Milagro Sala es a la vez integrante del Parlasur.

En el mismo sentido, representantes de España, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda, Portugal y Grecia en el Parlamento Europeo sostienen que la decisión judicial «implica una clara violación de derechos humanos en Argentina». Veintisiete eurodiputados de once países enviaron una carta al presidente Mauricio Macri y al gobernador Morales, para expresar su «rechazo y preocupación» por la detención de Milagro Sala, a la que consideraron «una clara violación de derechos humanos en Argentina», solicitando «abrir el diálogo social para que se acabe la persecución a dirigentes y activistas».

El 14 de marzo se realizó en Berlín, Alemania una movilización exigiendo su libertad, en las inmediaciones de la puerta de Brandeburgo. Días después, en Roma (Italia), con motivo de la visita del presidente Macri, manifestantes protestaron frente al hotel donde se alojaba pidiendo, la liberación de la activista social.

A mediados de marzo de 2016 se expresaron contra su detención, a la que consideran ilegal, varias personalidades latinoamericanas, entre ellas la senadora colombiana Piedad Córdoba, y al menos cinco diputados y los presidentes de la Central Unitaria de Trabajadores, del Colegio de Profesores, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Periodistas y de la Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.

En agosto las autoridades penitenciarias impusieron una sanción de incomunicación y aislamiento sobre Milagro Sala, quien inició una huelga de hambre en protesta por esta sanción. Un grupo de 68 sacerdotes iniciaron una medida similar solidarizándose con su situación. Pocos días después la sanción fue levantada y se suspendió la huelga de hambre que los sacerdotes llevaban a cabo.

En una comunicación titulada «Un llamado por la liberación de Milagro Sala», publicada en el mes de abril por el diario británico The Guardian, un número significativo de académicos de treinta y seis prestigiosas universidades europeas y norteamericanas expresaron su preocupación por la detención arbitraria de Milagro Sala, demandaron su liberación y afirmaron que su arresto se debió a motivos políticos, pidiendo también al Gobierno argentino no criminalizar la protesta social y garantizar la constitucionalidad y transparencia del proceso legal.

El 7 de noviembre de 2016, la Asociación Pensamiento Penal emitió un comunicado en relación al documento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hecho público a fines de octubre. En el comunicado, la Asociación «manifiesta su profunda preocupación frente a la situación que atraviesa la señora Milagro Sala» y señala que dicho Grupo de Trabajo «es uno de los órganos con los que cuenta la comunidad internacional para garantizar la aplicación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es parte de nuestra Constitución nacional desde 1994».

En noviembre de 2016, la Organización de los Estados Americanos publicó una carta de su secretario general, Luis Almagro, donde expresó «la necesidad de su inmediata liberación». Asimismo, la organización Human Rights Watch hizo lo mismo a través de su director.

Actos de boicot internacionales

El 6 de noviembre de 2016 la Selección de rugby de Inglaterra hizo saber que no jugaría en Jujuy el test match contra Los Pumas, previsto para ser jugado en esa provincia en junio de 2017, debido al encarcelamiento de Milagro Sala y la condena al mismo realizada por las Naciones Unidas. El funcionario responsable de la coordinación entre los distintos ministerios provinciales jujeños expresó: «Está conversado en la mesa chica que influyó el tema de los problemas por Milagro Sala y la opinión de la ONU».

Causas contra el Gobierno argentino

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

A comienzos de 2016, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Amnistía Internacional y ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) denunciaron al Gobierno de Mauricio Macri ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violación de los derechos humanos en el caso de Milagro Sala.

El 2 de marzo de 2016, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó un «llamamiento urgente» a la Argentina, en el que invita al Gobierno del presidente Mauricio Macri a tomar posición sobre el caso: liberar a la detenida o justificar su oposición por escrito.

El 28 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU reclamó la liberación inmediata de Milagro Sala, dado que «se está vulnerando la independencia judicial,» que «no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva» y que «no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.» Lo hizo al atender un petitorio firmado por Amnistía Internacional, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), y los ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Según el organismo, «el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada»; consideró también que los hechos que causaron su detención inicial formaban parte del «ejercicio de sus derechos humanos,» además de que «por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.» El texto señalaba que no solamente su detención había sido realizada por ejercer su libertad de expresión, sino que luego hubo un «entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo.» Por lo cual solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse, además de exigir una compensación monetaria a Sala por los días que lleva en prisión.

En caso de que el Gobierno argentino no acatara voluntariamente la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, la misma debe ser tratada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a fin de adoptar una decisión obligatoria para el Gobierno argentino.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En enero, la ANDHES (Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), el CELS y Amnistía Internacional presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, solicitando medidas cautelares en protección de Milagro Sala.

En agosto de 2016 y en el marco de las medidas cautelares solicitadas, las mismas organizaciones realizaron una nueva presentación motivada por el endurecimiento de las condiciones de la detención de Milagro Sala, a raíz de una sanción consistente en el aislamiento y la restricción de visitas. La sanción fue levantada dos días después.

En los primeros días de noviembre de 2016, el embajador de Derechos Humanos de la Cancillería y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires viajaron a Washington para reunirse con miembros de la CIDH, con el objeto de evitar que la Comisión se pronuncie a favor de las solicitudes presentadas en enero y agosto. En este caso, la CIDH adoptaría la misma línea que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, consolidando la solicitud la inmediata liberación de Milagro Sala. La reunión de la CIDH está planeada para la primera semana de diciembre de 2016.

El 2 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual urge al Estado argentino, «en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo», que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata. La comunicación agregó que «la presunción de inocencia es la base para la regla general de que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que la prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva.»

Véase también

• Comité por la Libertad de Milagro Sala
• Criminalización de la protesta social