Fraude de subvenciones
El fraude se subvenciones es una de las modalidades de fraude fiscal (en este caso por el lado del gasto público) más extendidas, y que consiste en la apropiación de fondos públicos falseando o incumpliendo las condiciones exigidas para su obtención. El propio sistema subvencional es inherentemente fraudulento, y ha sido calificado por el jurista Luis Arroyo Zapatero como un factor criminógeno[1], es decir, que fomenta o induce la criminalidad.
Fraude fiscal y fraude de subvenciones
Fraude fiscal
El fraude fiscal en su acepción más amplia, engloba el fraude por el lado de los ingresos públicos y el fraude por el lado del gasto público. El fraude tributario se manifiesta habitualmente mediante la ocultación de bases y hechos imponibles.
Por el lado del gasto, los dos vectores principales de fraude son los contratos públicos, y las subvenciones y ayudas públicas a empresas (prestamos ventajosos, avales, etc.).
Fraude contractual
En los contratos públicos las prácticas fraudulentas se suelen articular a través del soborno a los cargos públicos responsables de su adjudicación, o mediante la imputación de sobrecostes ficticios, o la aprobación de modificados innecesarios, la entrega de bienes y servicios en cantidad y calidad inferior a la estipulada, etc.
Algunos ejemplos de ello son el caso Pujol, fraude estimado por algunas fuentesPlantilla:Quién en más de 1.800 millones de euros[2] acumulados durante cuatro décadas de extorsión a toda empresa que quisiera acceder a la contratación pública en Cataluña, el caso "tres per cent"[3], el caso Gurtel, el caso Púnica, etc.
Fraude subvencional
En el fraude de subvenciones, la materialización de las prácticas fraudulentas incide especialmente en falsear o falsificar las condiciones o atributos que hacen elegible a una empresa o persona para obtener una subvención, o por otro lado ocultar los motivos que implicarían la inelegibilidad para la percepción de la subvención, o bien en la falta de ejecución o desarrollo del proyecto, programa, actividad o tarea para la que se concedió la subvención, sin efectuar la preceptiva restitución de los fondos públicos.
El propio sistema subvencional ya fue calificado por Klaus Tiedemann[4] como un factor por sí mismo criminógeno, pues facilita la obtención de una prestación sin contraprestación, tan solo en base a criterios abstractos, especificados en las bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias.
Riesgo financiero público
La Hacienda Pública se ve en una situación de muy alto riesgo, notablemente superior a la exposición al riesgo presente en una relación contractual. El apetito de riesgo del órgano o administración pública subvencionadora es extremadamanente alto en los modelos de gestión de riesgos más habituales, como por ejemplo COSO. Plantilla:Cr
En el Decreto-Ley 8/1966 de 3 de octubre sobre medidas en orden al gasto público y represión del fraude fiscal, se consideró por primera vez este tipo de fraude como un fraude fiscal, al establecer (art. 4) que:
La aplicación de la subvención a usos distintos de los previstos al concederla se sancionará administrativamente como si se tratara de defraudación tributaria, imponiéndose la sanción del tanto al triple de la subvención, sin perjuicio de reintegrar el importe.
Son tres, por lo tanto, los vectores sobre los que se proyecta el fraude fiscal: El fraude tributario, el fraude contractual, y el fraude de subvenciones.
El abanico del fraude de subvenciones
El abanico del fraude de subvenciones abarca desde los ilícitos penales contemplados en el Código Penal, hasta las prácticas predatorias y parasitarias de los presupuestos públicos llevadas a cabo por empresas y asociaciones de todo pelaje, que aún ajustándose a la literalidad de la ley, constituyen un fraude moral y un chantaje social.
No todo fraude implica necesariamente un quebrantamiento legal; y no todo fraude es siempre cometido por el beneficiario (persona o empresa) que cobra la subvención. En ocasiones, un cumplimiento formal de las normas oculta actitudes y practicas moral y éticamente reprobables por parte de las autoridades públicas que diseñan, convocan y conceden las subvenciones. En esos casos, el "fin público" e "interés social" que pide la Ley General de Subvenciones, se ve netamente desplazado por otras motivaciones, en ocasiones verdaderamente inconfesables.
A lo largo de este artículo se revisan las características del fraude en el orden penal, administrativo, y posteriormente aquel otro fraude "moral", "ético", y "social" que llevan implícitas una gran parte de las subvenciones públicas, acompañándose de casos verdaderamente llamativos que ilustran y jalonan esta historia.
El delito de fraude de subvenciones
El delito de fraude se subvenciones se encuentra tipificado en el art. 308 del Código Penal español, en los siguientes términos:
Artículo 308.1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
4. Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas.
Las conductas delictivas
En resumen, las conductas delictivas tipificadas en el Código Penal son:
- Falsear las condiciones para su obtención.
- Ocultar las condiciones que impidieran su obtención.
- Aplicar los fondos a fines distintos de los previstos.
Para la evaluación de la cantidad defraudada (más de 120.000€) se contabiliza el año natural; y para la acumulación de importes debe tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas.
Las penas
El Código Penal establece las siguientes penas para este delito:
- Prisión de uno a cinco años.
- Multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada.
- Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Casos famosos
Casos famosos y muy mediáticos brotan por toda la geografía nacional. Desde Andalucía, donde el caso ERE se postula como uno de los más generalizados esquemas de corrupción en Europa occidental, no hay provincia que no tenga su hornacina bien cubierta en este retablo de criminalidad. Incluso se ha llegado a establecer rankings por regiones[5].
Así País Vasco,[6] Extremadura,[7] Castilla y León,[8] Valencia,[9] Andalucía,[10] Canarias,[11] Aragón,[12] Cataluña,[13][14] Madrid,[15] Asturias,[16] Galicia,[17] Murcia,[18] Baleares,[19] Melilla,[20] Castilla La Mancha,[21] La Rioja,[22] Navarra,[23]
Otros esquemas de defraudación se extienden de manera generalizada por todo el territorio nacional, afectando y de alguna manera estigmatizando a toda una industria, como los múltiples casos de fraude de subvenciones en el cine español.[24][25][26]
Las infracciones administrativas en materia de subvenciones
Un peldaño por debajo del delito de fraude de subvenciones se encuentran las infracciones administrativas en la materia, tipificadas en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. Las infracciones se plasman en hasta 21 conductas diferentes, desde infracción leve (por ejemplo "la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a losfondos percibidos"), hasta infracción muy grave, por ejemplo "la obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado".
Como se ve, esta última conducta es idéntica en la tipificación del delito. Simplemente existe una barrera, de 120.000€, que diferencia si una conducta se queda en infracción administrativa, o alcanza la categoría de delito y entra en el orden penal.
Las sanciones
Las posibles sanciones administrativas se regulan en los artículos 59 y siguientes de la LGS. Su espectro se despliega desde una multa fija por importe de 75€ (infracción leve), hasta la pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos y prohibición para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.
Además, en caso de infracciones muy graves, el órgano sancionador puede acordar la publicidad de la sanción a través del Portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
El Control de Subvenciones
Aparte de las propias investigaciones policiales y judiciales que persiguen el delito de fraude de subvenciones, existen comportamientos que sin llegar a la cuantía de delito son sancionables en vía administrativa. Estas actuaciones administrativas se sustancia en un procedimiento sancionador que acompaña al procedimiento administrativo de reintegro de las cantidades percibidas fraudulentamente.
Habitualmente son las actividades de Control Financiero de Subvenciones (reguladas en el Título III de la Ley General de Subvenciones) las que afloran la hidra del fraude. Si bien los recursos destinados por las distintas administraciones públicas a la función de policía de subvenciones son realmente miserables, los resultados de fraude detectado son espectaculares.
A modo de ejemplo, las actuaciones de control efectuadas por la Intervención General de la Administración del Estado en 2014,[27] arrojaron los siguientes resultados:
| LINEA SUBVENCIONAL | Incumplimiento |
|---|---|
| Cultura | 84,95% |
| Agricultura, pesca y alimentación | 15,65% |
| Servicios sociales y promoción social | 13,99% |
| Investigación desarrollo e innovación | 13,85% |
| Transporte | 13,45% |
Lo que significa, por ejemplo, que en 2014, de cada 100 euros de subvenciones investigadas en líneas de cultura, casi 85 resultaron fraudulentos, y se exigió su reintegro. Aunque las actuaciones se llevaran a cabo en 2014, corresponden a subvenciones concedidas de dos a cinco años antes, por el lógico desfase y tiempo de ejecución de los proyectos subvencionables.
El ejercicio 2015 arrojó también cifras sonrojantes:[28]
| LINEA SUBVENCIONAL | Incumplimiento |
|---|---|
| Industria y energía | 57% |
| Cultura | 50% |
| Servicios sociales y promoción social | 17% |
| Agricultura, pesca ya alimentación | 13% |
En ambas tablas se ha respetado el término "incumplimiento" pues así está en la fuente original, aunque en propiedad habría que denominar a las columnas como "fraude detectado". No obstante las anteriores cifras hay que interpretarlas en su contexto adecuado. Los controles e investigaciones no se efectúan aleatoriamente, sino que el plan de control se basa en evaluaciones del riesgo efectuadas por la Oficina Nacional de Auditoría, en las que se consideran múltiples parámetros, red flags, e indicios. Por lo tanto, no se deben extrapolar al 100% de la población de cada línea.
En otros ámbitos administrativos donde hay datos públicos (desgraciadamente la transparencia aquí brilla por su ausencia), los datos son igualmente espeluznantes. Así en Castilla y León, la Intervención General de la Junta de Castilla y León detectó, en 2014, una bolsa de fraude en el cobro de subvenciones, por importe de 27,38 millones de euros.[29]
Subvenciones ilegales
Subvenciones ilegales son aquellas que, ya antes de poder ser fraudulentas, son un acto antijurídico, contrario al ordenamiento y a la ley.
En España, al calor de las llamaradas de populismo mesiánico en la que todo munícipe que se precie se cree llamado a redimir a la humanidad (y a la galaxia, por qué no!) de la pobreza, real o fingida, que la aflige, se producen situaciones propias de una película de los Hermanos Marx, como que un Ayuntamiento otorgue subvenciones para que los vecinos paguen los propios impuestos con que estos deben contribuir al propio consistorio.
Desde el punto de vista económico es una decisión absurda y aberrante de unas proporciones colosales. Desde el punto de vista jurídico infringe al menos 3 importantes leyes:
- La propia Ley General de Subvenciones.
- La Ley General Tributaria.
- La Ley Reguladora de las Haciendas Locales.[30]
Y probablemente también la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.[31]
La siguiente tabla contiene algunas de estas subvenciones ilegales, convocadas en los primeros diez meses de 2016, según aparecen en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones:
Más ejemplos, y sin ánimo de ser exhaustivos, se encuentran en convocatorias de los Ayuntamientos de La Garriga, Sant Carles de la Ràpita, Santa María de Palautordera, El Masnou, Badalona, Valls, Santa Coloma de Gramenet (varias convocatorias), Premià de Mar, Vilanova i La Geltrú, Tarragona, Rubí, Cornellá de Llobregat.
No hay figura fiscal municipal que se libre de la ilegalidad, siendo mayoritaria en el IBI, pero con casuística en el IVTM, IIVT, y llegando incluso a la Tasa de Basuras!.
Todas las convocatorias anteriores son ilegales, y todas las que se parezcan a ellas. Y así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo[32] en las Sentencias del Tribunal Supremo de 14/11/2012 (STS 9161/2012) y de 19/05/2014 (STS 1979/2014), que atribuyen a estas subvenciones la naturaleza de beneficios fiscales cuya regulación es competencia exclusiva del Estado.
Pese a informes,[33] avisos,[34] advertencias, y sentencias[35] como la del Tribunal Supremo, a nuestros munícipes les impone muy poco respeto la Ley.
Algunos ayuntamientos parece que están rectificando estas prácticas ilegales, como Torremolinos.[36]
Abuso de las subvenciones nominativas
Como mecanismo de selección de los beneficiarios la Ley General de Subvenciones establece que el sistema general será la concurrencia competitiva, y con carácter excepcional, y solo en los supuestos señalados en la propia Ley, se podrá emplear el procedimiento de concesión directa y nominativa. Sin embargo, la realidad ha venido invirtiendo los términos de lo que es general y lo que debe ser excepcional. Las distintas administraciones públicas, buscando escapar a los mecanismos de control, publicidad y transparencia, reconducen mucho más allá de lo permitido los mecanismos concesionales hacia la concesión directa o nominativa.
En estos esquemas fraudulentos se articula un convenio de colaboración entre la Administración concedente y el beneficiario de la ayuda, sin que medie una convocatoria pública que establezca los términos en los que se otorga la ayuda. El abuso del instrumento del convenio ha sido denunciado por el Tribunal de Cuentas, quien ha señalado que “no puede considerarse ajustada al ordenamiento jurídico, sin un adecuado respaldo legal, la suscripción de convenios con particulares que impliquen la concesión de ayudas singulares o, en general, un trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos”. En definitiva, el Tribunal de Cuentas censura que las excepciones previstas en la Ley se apliquen no para subvencionar actividades de interés, sino personas físicas o jurídicas concretas; es decir, no se subvenciona lo que hace alguien, sino a alguien, no se subvenciona el "to do", sino el "to be".[37]
Los datos de los primeros diez meses de 2016, respecto a las convocatorias registradas por las distintas administraciones, son elocuentes de esta mala práctica:
| Administración | Convocatorias en concurrencia | Convocatorias nominativas y directas | % de nominativas y directas |
|---|---|---|---|
| Estado | 326 | 488 | 60% |
| Autonómica | 1.011 | 1.742 | 63% |
| Local | 7.430 | 8.557 | 54% |
| Universidades y otros | 97 | 1 | 1% |
Arbitrariedad pura y dura. Más del 55% de todas las convocatorias de subvenciones son ad hominem, por "ser", y no por "hacer". Estas subvenciones "clientelares" empapan toda la actividad administrativa.[38][39][40]
Subvenciones absurdas, estrafalarias y de puro despilfarro
Periódicamente algún periodista detecta subvenciones absurdas y escribe un artículo en algún medio, en papel o digital. Para buscar e investigar en las subvenciones, hasta 2016 había que leerse centenares de Diarios Oficiales, donde se publicaban las convocatorias y concesiones. Tarea hercúlea en un país con 67 Diarios Oficiales. El "legislador", en la reciente reforma de las leyes administrativas operada con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas[41] y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,[42] se ha olvidado de dar un carpetazo definitivo a estos instrumentos del siglo XIX.
Hoy en día hay una herramienta muy potente para esto: el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. A través de él es fácil consultar y acceder a todos tipo de convocatorias y concesiones, y el investigador tiene a su disposición herramientas de transparencia, y datos exhaustivos, bajo el paradigma de datos abiertos.
El buenismo de la sociedad, siempre financiado como la pólvora del Rey, hace que no se exija a los políticos e instituciones concedentes explicaciones y cuentas por los resultados, ¿Cómo negarse a financiar estudios tan nobles, y tan importantes para la identidad cultural y el hecho diferencial como la Viabilidad del sistema silvopastoral roble-cerdo celta en la Galicia Atlántica; o para la Conservación in situ y ex situ de la gallina valenciana de Chulilla, la Elaboración de snacks de nueva generación con compuestos bioactivos de algas y garrofín, o la Ejecución del proyecto de gestión de conflictos rurales y salvaguarda de los espacios pastorales en las regiones de Maradí y Tahoua?[43][44]
Despilfarros por doquier, infraestructuras[45] que no se usan, el tristemente célebre Plan E, producto de quien suma una profunda ignorancia a una suicida arrogancia,[46] donde según el Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal que se creó costó más de 13.000 euros al mes en obras innecesarias.[47]
Organizaciones parasitarias y predadoras de presupuestos públicos
Organizaciones presuntamente no gubernamentales
En los países anglosajones han existido desde tiempo inmemorial organizaciones "de beneficencia y caridad" privadas, nacidas y servidas desde la sociedad civil, gracias a la peculiar cosmovisión protestante-calvinista, basadas en el trabajo voluntario de sus miembros, y financiadas por empresarios de éxito, que de esta manera intentaban generar un retorno social. ¿Quién no recuerda ver en el cine al Ejército de Salvación, a United Way, o a tantas otras?.
A finales de los 80 y primeros 90 se comenzó a denominar a este tipo de organizaciones NGO (non government organizations).
En España, siempre dispuestos a copiar mal, tales organizaciones surgen en los 90 como setas en otoño, y su característica más propia, en la tierra de Rinconete y Cortadillo y del Lazarillo de Tormes, no podía ser otra: la picaresca.
Con demasiada frecuencia, una ONG es algo que alguien crea y organiza, con un poco de mano y propaganda, y que se financia casi exclusivamente de los impuestos que paga el contribuyente (los datos del conjunto del sector reflejan que su financiación se compone en un 70% de fondos públicos[48]). Es necesario tener contactos políticos, y un presunto "buen fin". Multinacionales de la caridad. Predadores de recursos públicos[49], con una muy deficiente conducta en materia de transparencia. Ciertamente hay excepciones, pero no es nada raro ver chiringitos caza subvención, apelando a las más variadas causas presuntamente nobles.[50] No se salvan ni los bomberos[51].
No es este el lugar de analizar en profundidad este tipo de organizaciones, que un informe del Parlamento Europeo[52] califica de divertida manera (aunque no logra esconder el escarnio y estafa social de estos clusters):
- BRINGO (briefcase NGO – ONG maletín),
- ComeN'Go (come and go NGO – ONG de ida y vuelta),
- CONGO (commercial NGO – ONG comerciales),
- CRINGO (criminal NGO – ONG delictivas),
- GONGO (government-owned NGO – ONG propiedad del gobierno),
- GRINGO (government run and initiated NGO – ONG fundadas y gestionadas por gobiernos),
- MANGO (mafia NGO – ONG mafiosas),
- PANGO (party NGO – ONG de partido) y
- MONGO (my own NGO, mi propia ONG personal).
Qué duda cabe que lo de MANGO tiene extraordinarias evocaciones en Español. Pero algunas hasta van más allá de la caza de subvenciones.[53]
Predadores sindicales y políticos
No es nada fácil en España calcular el montante de recursos públicos dedicados a regar con generosidad a todo tipo de organizaciones creadas al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical,[54] o a los partidos políticos. En la mayoría de los casos, estas organizaciones adoptan estructuras federales / confederales / sectoriales que dificultan enormemente el seguimiento de sus subvenciones.
Sindicatos y patronales
En un sencillo ejercicio de búsqueda a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones se puede ver que UGT aparece con no menos de 32 identidades distintas, CCOO con al menos 26 identidades, CEOE al menos con 15 identidades y CEPYME con al menos 10. Es muy probable que en todos los casos sean muchas más, pues además añaden en sus telarañas orgánicas fundaciones y otros elementos (incluso sociedades mercantiles, cooperativas, etc.), que les permiten optimizar sus privatizaciones de presupuestos públicos. Estas prácticas de ocultación dificultan enormemente el seguimiento de la financiación a estas entidades.
Partidos políticos
En lo referente a los partidos políticos, el Portal de Transparencia del Gobierno de España ofrece datos, si bien estos son parciales. Los grupos políticos reciben ingentes recursos de todas las administraciones (Estado, Ayuntamientos, Comunidades, Cabildos, Consejos Insulares, Diputaciones, Veguerías, Consejos Comarcales,...). El Tribunal de Cuentas, en su último informe,[55] cifró en 135 millones de euros al año las ayudas que las formaciones reciben por su presencia en parlamentos estatales y autonómicos, ayuntamientos y diputaciones.[56] Sin duda es una estimación a la baja, pues estos grupos se estructuran orgánicamente en federaciones, confederaciones, añadiendo fundaciones,[57] y en ocasiones empresas, que logran el propósito de opacidad en su financiación.
Empresas "risk free" y capitalismo de amiguetes
No podía faltar es esta ópera negra el gran negocio, sin riesgo, del cambio climático, donde el Estado a entregado monopolios de facto a los amiguetes del cacique local.[58] El gran negocio de las renovables, con ganancia segura para el empresario agraciado. Las cifras del sangrado al contribuyente son verdaderamente escandalosas. Y claro, en la cueva de Alí Babá, no podían faltar los auténticos catedráticos del delito: En España, un país que no tiene ni un solo Premio Nobel de Física, se ha conseguido diseñar centrales fotovoltaicas que producen mucha más energía de noche que de día.[59] Los fotones de la Luna son mucho más energéticos.
En total, según estimaciones de la CNMC unas migajas de 6.500 millones de euros en 2016[60].
Puertas giratorias y conflictos de interés
Parasitando tanto la sangre del contribuyente, no podían dejar de aparecer aquí llamativos casos de conflictos de interés[61], y puertas giratorias, fenómeno muy estudiado y documentado en el caso de industrias reguladas y agencias regulatorias, y nada de nada en el mundo subvencional. Pero aquí también se dan casos de "captura del subvencionador".
El coste económico de las subvenciones y su impacto
¿Cuánto cuesta una subvención?. Supongamos que una administración pública concede a una persona una subvención de 100€. ¿Cuánto le cuesta al contribuyente otorgar esa subvención?. ¿Cuáles son los costes de gestión -recursos humanos, medios materiales, amortizaciones, suministros, etc.?
Es realmente difícil lograr datos. La transparencia en la contabilidad analítica de las administraciones públicas es otra asignatura pendiente de la transparencia. Tenemos que recurrir a realizar estimaciones (con todas sus incertidumbres) pero que pueden dar idea, al menos, del orden de magnitud. Para ello vamos a hacer unos cálculos basándonos en los presupuestos de algunos órganos públicos cuyo "negocio" prácticamente exclusivo es dar subvenciones.
Estimaciones de costes
Una estimación muy grosera, y con todas las limitaciones, se realiza en la tabla siguiente para algunos organismos públicos, en base a la información ofrecida por los Presupuestos Generales del Estado para 2016[62]:
| Organo o Entidad Pública | Capítulos 1+2 | Capítulos 4+7 | Coste total de 1 € de subvención |
|---|---|---|---|
| Consejo Económico y Social | 6.135.920,00 | 1.308.720,00 | 5,69 |
| Agencia Española de Cooperación Internacional | 54.558.320,00 | 169.382.150,00 | 1,32 |
| Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón | 5.044.260,00 | 401.980.000,00 | 1,01 |
| Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades | 15.008.130,00 | 4.545.000,00 | 4,30 |
La lectura puede ser trágica. Para que el Consejo Económico y Social (órgano constitucional de dudosa utilidad práctica, eso sí, clonado 17 veces en las 17 Comunidades Autónomas) conceda 1 euro de subvención, los contribuyentes tienen que rascarse el bolsillo (o endeudarse, lo pagarán nuestros nietos) por importe de 5 euros con 69 céntimos (1 euro para la subvención y 4,69 euros para los costes de gestionar esa subvención).
La tabla anterior es una estimación, y debe tomarse como tal. Ciertamente en los presupuestos de capítulo 1 y 2 puede haber gastos que no se dedican ni directa ni indirectamente a gestionar subvenciones, pero también es cierto que además de los costes que aquí se tienen en cuenta, hay otros ocultos, como amortizaciones, etc. La contabilidad analítica de las administraciones públicas debería ofrecer esta información, sin embargo es imposible encontrarla. Lamentablemente los costes de las actividades solo se calculan en aquellas actividades que se financian vía tasas. El déficit de transparencia es considerable.
Estimaciones de impacto
No se han realizado en España estudios profundos sobre el impacto general de las subvenciones, salvo algunos pocos sectoriales, de alcance limitado[63]. La Agencia de Evaluación y Calidad no parece considerarlo en sus planes de trabajo.
Efectos del fraude de subvenciones
El primer efecto y más obvio es el daño patrimonial a la Hacienda Pública. Este daño, de muy difícil estimación, disminuye el margen de maniobra de las administraciones públicas para el despliegue de sus políticas, erosionando los presupuestos y dedicando parte de estos a acciones estériles o contraproducentes de los fines perseguidos. Algunos datos del montante de fraude, aunque no son extrapolables pues son muestras dirigidas, se han precisado en epígrafes anteriores.
Pero es que además hay otros perjuicios claros para una economía nacional: supone una ventaja competitiva ilegítima e ilegal para quien obtiene fraudulentamente subvenciones, e implica una desventaja para el resto de agentes económicos que ven mermada o anulada, su capacidad de financiación por esta vía.
En el campo de la subvenciones "sociales", que se otorgan en concurrencia competitiva, y donde uno de los principales baremos constituye la renta declarada a efectos de IRPF, una proporción no escasa de los fondos se van a ese 20% ó 25% de economía sumergida estimada en los distintos estudios[64]. Según los propios datos oficiales, los rendimientos netos del trabajo en IRPF en 2013 sumaron un montante de 357.457 millones de euros, mientras que los rendimientos de actividades profesionales declarados en el mismo impuesto y periodo "solo" llegaron a 28.654 millones de euros[65]. El IRPF es en realidad un impuesto sobre las rentas salariales. ¿Cuál es la renta media de las actividades empresariales? Pues según el informe anual sobre recaudación tributaria, 7.845 euros en 2014; mientras que la renta de los asalariados, salario medio de los trabajadores por cuenta ajena ascendió a 24.557 euros[66].
Letalidad para la clase media asalariada
Las cifras anteriores tienen una consecuencia práctica: la clase media asalariada, no solo es la única que soporta sobre sus espaldas las estructuras recaudatorias del Estado, sino que como consecuencia de indexar o baremar las subvenciones sociales fundamentalmente sobre el criterio de bases tributarias a efectos del IRPF, se ve práctica y totalmente excluida del festival subvencional. Doble fraude fiscal, perpetrado por el lado del ingreso y del gasto público. Así estamos.
Enlaces
- Ley General de Subvenciones
- Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
- Base de Datos Nacional de Subvenciones
- Ayudas de Estado
- Concepto de Subvención
- Transparencia
- Fraude fiscal
Referencias
- ↑ Luis Arroyo: Delitos contra la Hacienda Pública en materia de Subvenciones – Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 1987: https://books.google.es/books?id=06gUEaF_dswC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=el+sistema+subvencional+como+factor+crimin%C3%B3geno&source=bl&ots=wW7CRlg3jU
- ↑ Libertaddigital 03/08/2014 - Los Pujol: ¿una fortuna de 1.800 millones de euros? http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2014-08-03/los-pujol-una-fortuna-de-1800-millones-de-euros-1276525233/
- ↑ El Confidencial - 09.11.2016 - La Guardia Civil descubre amaños del 3% en 2015 e implica a los Nous Catalans de CDC http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-09/caso-3-guardia-civil-descubre-amanos-cdc-implica-nous-catalans_1286931/
- ↑ Klaus Tiedemann: Subventionskriminalität in der Bundesrepublik : Erscheinungsformen, Ursachen, Folgerungen (ISBN 978-3499210532)
- ↑ Vozpopuli 13/01/2017 - Cataluña, líder en número de acusados y procesados por corrupción http://www.vozpopuli.com/actualidad/procesados-acusados-corrupcion-cifras_11_989711020.html
- ↑ El Mundo 23/02/2015 - El timo del coche eléctrico http://www.eleconomista.es/pais_vasco/noticias/6500061/02/15/El-Gobierno-se-persona-en-la-causa-del-fraude-del-coche-electrico-Hiriko.html
- ↑ ABC, 09/05/2016 - 24 millones en cursos de formación http://www.abc.es/espana/abci-anticorrupcion-denuncia-fraude-24-millones-cursos-formacion-extremadura-201605091551_noticia.html
- ↑ ElDiario.es - 11/02/2014 - Imputadas todas las empresas mineras de León por fraude en las subvenciones al carbón http://www.eldiario.es/meseta/Imputadas-empresas-mineras-Leon-subvenciones_6_227887228.html
- ↑ El Periódico 08/06/2012 - Cinco nuevos detenidos por el fraude de subvenciones en Valencia http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cinco-nuevos-detenidos-por-fraude-subvenciones-valencia-1893823
- ↑ El Mundo 22/09/2016 - 950 millones de euros de fraude http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/09/22/57e39e96e5fdeac46f8b45ea.html
- ↑ Diario de Avisos 18/10/2015 - Imputado por fraude de subvenciones el presidente de Air Europa por los vuelos a residentes http://www.diariodeavisos.com/2015/11/imputa-por-fraude-subvenciones-presidente-air-europa-por-vuelos-residentes/
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