Defensoría de la niñez

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En 1990 el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de entonces, el Estado adquirió el compromiso de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole que sean necesarias para propender a dar efectividad a los derechos reconocidos en la mencionada Convención. En el contexto de dicho compromiso, Chile ha tomado diversas medidas en la dirección de contar con una legislación, una institucionalidad y una política que garantice el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de manera integral, acorde a una perspectiva de autonomía progresiva que reconozca a los niños y niñas como sujetos de derecho y que reconfigure la relación de éstos con el Estado, la familia y la sociedad. Con la finalidad de avanzar en este compromiso y dotar a Chile de un sistema coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales orientados a avanzar en la efectividad de los derechos de los niños y niñas y velar por su desarrollo progresivo y permanente, el día 29 de septiembre de 2015, se presentó el proyecto de ley que creó el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez. En este contexto, y en consonancia con estándares internacionales, fue necesario avanzar en la creación de una institucionalidad autónoma que, como parte del nuevo sistema de garantías de derechos de la niñez, velara por la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y niñas por parte de los órganos del Estado y de aquellas personas jurídicas de derecho privado que se encuentren vinculadas a estas materias, impulsando de esta manera la creación de una Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuyo proyecto de ley ingresó al Congreso el 22 de marzo de 2016, convirtiéndose en ley al ser promulgada el 22 de enero de 2018. La Defensoría de la Niñez comenzó su funcionamiento efectivo el 1 de julio de 2018, como una corporación de derecho público, autónoma de otros órganos del Estado. El Senado eligió en abril de 2018, en votación unánime, a la abogada Patricia Muñoz como la primera "Defensora de la Niñez" de la historia de Chile, quien es la encargada de encabezar el organismo y de implementar la instalación de esta nueva Institución durante 5 años. Será acompañada en su gestión por un "Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez", conformado por representantes de la sociedad civil, de organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y de las universidades acreditadas y reconocidas por el Estado, en cuya composición no intervendrá el Ejecutivo, ni otros poderes del Estado; de modo de preservar el carácter autónomo de la entidad.

La implementación nacional de la Defensoría será progresiva, de forma de tener presencia en todas las regiones del país, y desarrollará un diagnóstico de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y de la institucionalidad a nivel nacional, de forma de observar cuáles son los problemas, los avances y los obstáculos del tema, coordinando la institucionalidad pública en la defensa de los niños.