Acusaciones de represión política en Perú (2018-presente)

Plantilla:Actualidad Plantilla:Campaña Crisis política en Perú Las acusaciones de represión política en Perú contra el gobierno del presidente Martín Vizcarra se iniciaron en 2018 en el marco de la crisis política desarrollada desde 2017, dichas acusaciones vienen desde diversos sectores políticos.

Para organizaciones y miembros del mismo gobierno, las acusaciones no son verídicas y en realidad forman parte de un intento de obstruir a la justicia, pues varios de los que lanzan acusaciones, tienen investigaciones relacionadas a los casos Odebrecht y OAS.

Contexto

Desde la subida al poder del entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra el 23 de marzo de 2018 ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en el Congreso de la República (dominado en mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular) se recrudeció. Pese a que los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra forman parte de la denominada «ola conservadora» dentro del contexto latinoamericano, durante el 2018 y 2019 no se han suscitado en el Perú manifestaciones masivas de la envergadura que han ocurrido en los países vecinos: Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia.

Desde la política

Oposición

La oposición de derecha fujimorista alegaron persecución política cuando encarcelaron a su líder Keiko Fujimori el 31 de octubre de 2018 como parte de la prisión preventiva en el Caso Odebrecht en Perú:

Hoy es un día nefasto para la democracia. Lo que han hecho con Keiko Fujimori no tiene nombre. Durante 18 años han intentado apagar su voz y hoy intentan hacerlo nuevamente con un encierro injusto. Hoy han encerrado a la lideresa de millones de peruanos.

El 30 de octubre de 2019 Mark Vito, cónyuge de Fujimori, dijo que hay una «hay una persecución selectiva» contra Keiko. Sin embargo Vito cayó en contradicciones al justificar el pitufeo que hizo su esposa de las aportaciones millonarias recibidos por empresarios de la Confiep y en especial de Marcelo Odebrecht para sus campañas electorales y que muchos colaboradores eficaces han confesado que fue ella mismo quien les ordenó hacer para evitar declararlo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Exmandatarios

Diarios anuncian la muerte del ex presidente Alan García por suicidio el 17 de abril de 2019.

Alan García Pérez, presidente en dos oportunidades, de 1985 a 1990 y 2006 a 2011, en noviembre de 2018 declaró que había una persecución política en su contra al haber sido acusado por «rumores» y «especulaciones», a pesar de que ya había sido declarado absuelto de todo delito por parte del fiscal de la nación José Peláez en 2013. Ese mismo mes pidió al gobierno de Uruguay brindarle asilo político por presunta persecución en su contra por un pedido de arresto por 18 meses en su contra, el 3 de diciembre el gobierno uruguayo negó su pedido. En diciembre también del mismo año, el ex presidente dijo que la negación del asilo fue por intervención del gobierno de Vizcarra:

Creo que esto es clarísimo y estoy convencido que en la propia Embajada del Uruguay hubo una intervención de este tipo, lo cual me parece absolutamente deshonesto y reñida con las prácticas internacionales.

En ese mismo contexto García informó que a las afueras de su casa se estacionaba un auto del servicio de inteligencia de la Policía Nacional del Perú de manera arbitraria. Dicho vehículo fue atacado por simpatizantes apristas el 5 de diciembre por considerar que «chuponeaban» al ex presidente. Posterior al suicidio de García el 12 de abril de 2019, en una carta de sus familiares el ex presidente culpaba de su muerte al gobierno.

Alejandro Toledo Manrique, presidente entre 2001 a 2006, en marzo de 2019 advirtió a la justicia de los Estados Unidos que existe una persecución política ante un pedido de extradición en su contra, según su abogado Heriberto Benítez.

Pedro Pablo Kuczynski, presidente entre 2016 a 2018, en abril de 2019 en el medio colombiano W Radio comunicó una persecución política en su contra por parte del Ministerio Público de la administración Vizcarra.

Disolución del Congreso

Posterior a la disolución del Congreso el 30 de septiembre y efectiva el 1 de octubre de 2019, varias personalidades y políticos consideraron que se había dado un golpe de Estado y como tal el presidente Martín Vizcarra pasaba a ser un «dictador». No obstante, la medida tuvo el respaldo y era solicitada por gran parte de la poblacón desde julio de 2018 indignada por los casos de corrupción generalizada en el congreso. La medida también recibió el apoyo de los autoridades locales en el resto del país a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades.

Desde la prensa

El 26 de octubre de 2019, el cuestionado diario Expreso, notificó el pedido de Radio Sol de Moquegua que se emite en el departamento homónimo al sur del país, la denuncia expresa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere cerrar de manera inexplicable a la emisora por tener una «postura crítica» al presidente Martín Vizcarra.

Posiciones en contra de las acusaciones

El 3 de diciembre de 2018, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez se pronunció sobre la negación de asilo político a Alan García:

No hay persecución política.

El 10 de julio de 2019, luego de un anuncio de Fuerza Popular de ir a entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) por la supuesta persecución política en el marco de la investigación a miembros del partido de Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos agravado contra el Estado Peruano, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró:

Si los parlamentarios insisten en una estrategia de esta naturaleza, creo que una denuncia de ese tipo no tiene la más mínima posibilidad de éxito a nivel internacional. .. Hay medios de comunicación independientes, una vibrante sociedad civil, un Poder Judicial independiente y un Ministerio Público capaz de realizar investigaciones como las que ha hecho que comprometen a poderosos políticos del pasado.

José Miguel Vivanco
Director de la División de las Américas, Human Rights Watch.

El 19 de julio de 2019 el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California de los Estados Unidos vio pertinente que el ex presidente Alejandro Toledo siga en prisión su proceso de extradición al Perú, para el ministro del Interior Carlos Morán es un indicador de que las acusaciones de persecución política son falsas:

(La persecución política) ha sido descartada puesto que es una decisión autónoma del sistema judicial americano.

La renuncia de Coya trajo la atención de la también periodista Carla Palacios, que ocupaba un puesto importante en TV Perú, debido a que fue él mismo quien a su llegada a TV Perú la despidió arbitrariamente con la promesa de pagarle los años de servicio a la televisora lo cual no ha cumplido hasta la fecha.

Véase también

• Gobierno de Martín Vizcarra