Tribunal Supremo de Justicia en el exterior
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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior, también llamado simplemente como TSJ en el exilio, es el tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis institucional de Venezuela y las protestas de 2017 como reemplazo de los magistrados previos nombrados en 2015. Los magistrados se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web. A pesar de que la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo reconocen la legimidad del tribunal, tanto el gobierno nacional como el Tribunal Supremo de facto desconocen el nombramiento.
Antecedentes
El 8 de diciembre de 2015, después de las elecciones parlamentarias de Venezuela, la Asamblea Nacional saliente, de mayoría oficialista, empieza un proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El proceso incurrió en diversas irregularidades, las cuales fueron denunciadas en su momento por la oposición y por distintos juristas.[1]
Posteriormente y a raíz de la crisis institucional de Venezuela de 2017, el Ministerio Público solicitó formalmente anular el nombramiento alegando que dicho proceso estuvo viciado.[2][3] En consecuencia la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora, El 13 de junio de 2017 la Asamblea Nacional juramentó al Comité de Postulaciones, presidido por el diputado Carlos Berrizbeitia, para la elección de nuevos magistrados principales del TSJ.[4][5] A pesar de que todas las etapas contempladas en la constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fueron realizadas, el Consejo Moral Republicano de Venezuela rechazó realizar la preselección alegando que dicho proceso era extemporáneo.[6] Pese a la negativa del Consejo, el 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes; para el 24 de julio, tres magistrados habían sido detenidos y 30 se encontraban en la clandestinidad.[7][8]
La Fiscal General Luisa Ortega Díaz criticó esta designación, pues a su juicio esto creaba desorden en el Estado.[9] Por su parte el TSJ advirtió que dicha designación era nula bajo el pretexto del supuesto desacato en el que se mantenía la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que solicitó a la justicia civil y militar ejercer las medidas de coerción necesarias.[10] El 13 de octubre de 2017 el grupo de magistrados exiliados se instalaron en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington D.C. conformando un nuevo TSJ en el exilio y designando a Miguel Ángel Martín como presidente.[11]
Decisiones
Los magistrados se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de una página web aún en construcción.[12] Tras una denuncia formulada por los dirigentes opositores Diego Arria, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Cecilia Sosa, la Sala Constitucional declaró el 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, solicitando su disolución y haciendo un llamado a su desconocimiento.[13] El 13 de noviembre la Sala Constitucional del tribunal le exigió la gobierno nacional la implementación de un canal humanitario en cinco días, requiriendo la colaboración de la OEA, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, entre otros organismos, y solicitando la intervención de la comunidad internacional en caso de que el gobierno se negase a acatar.[14] El 21 de noviembre de 2017 la Sala de Casación presentó una denuncia formulada inicialmente por Hebert García Plaza ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional donde aproximadamente de 60 funcionarios gubernamentales son acusados de participar en crímenes de lesa humanidad, entre los cuales Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Antonio Benavides Torres; el presidente de la sala, José Troconis, explicó que la la sala tomó la decisión de acudir ante la CPI al verse imposibilitada de asumir las denuncias introducidas por individuos particulares, función que pertenece legalmente a la Fiscalía General.[15]
Reconocimiento
El Tribunal Supremo en el actualmente cuenta con el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento Europeo, el cual desconoce la Asamblea Nacional Constituyente.[16][17][18] No obstante, el gobierno nacional y el presidente de facto del Tribunal Supremo Maikel Moreno desconocen el nombramiento.[19]
Véase también
Referencias
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